Archivo mensual: abril 2009

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Se pone en conocimiento de los españoles residentes en el Reino de Bélgica y que consten inscritos en el Censo Electoral de Residentes en el Extranjero (CERA) y de aquellos españoles y ciudadanos de la Unión Europea residentes en España que se hallen temporalmente en Bélgica durante la celebración de estas elecciones, que el Boletín Oficial del Estado de 14 de abril de 2009 ha publicado el Real Decreto 482/2009 por el que se convocan elecciones al Parlamento Europeo. Sigue leyendo

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Juan Fernando López Aguilar y La banda de BFN – Blue Suede Shoes [Buenafuente – laSexta]

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La financiación autonómica a debate

financiacion-a-debate-multiplicacion-pan-y-pecesA finales de 2008, el Gobierno hizo pública su propuesta para reformar la financiación de las Comunidades Autónomas. Los nuevos Estatutos de Autonomía, el incremento de sus competencias así como la evolución de su población habían planteado la revisión del modelo existente.

El sistema de financiación es un elemento esencial para hacer efectiva la autonomía. Su elaboración encuentra determinadas referencias. En primer lugar, el marco de competencias, que determina el grado de federalismo. Debemos tener en cuenta que estamos en un proceso de descentralización política, no sólo administrativa. Será normal que las distintas entidades territoriales decidan sobre el alcance y calidad de los servicios y que estos sean diferentes en cada una de ellas. Al mismo tiempo, la Constitución se refiere tanto a la solidaridad entre las Comunidades Autónomas, como a la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

La propuesta se articular sobre dos grandes elementos: la dotación de un sistema de recursos financieros y el establecimiento de fondos correctores de los resultados derivados de su aplicación.

El sistema de recursos se va a basar, fundamentalmente, en la cesión de los impuestos de mayor capacidad recaudatoria; 50% del impuesto sobre la renta; 50% del impuesto sobre el valor añadido y 58% de la recaudación de los impuestos especiales. Se atribuirá mayor capacidad normativa a las Asambleas autonómicas. En principio, se espera que estos constituyan el 90% de los recursos autonómicos totales.

Es bueno que el sistema descanse fundamentalmente en esta cesión de tributos y que las Comunidades Autónomas utilicen su competencia normativa para determinar sus ingresos. Si deciden prestar más y mejores servicios, deberán exigir más impuestos a los ciudadanos. Estos podrán decidir con más transparencia a quien votar, según la valoración que hagan de los impuestos que paguen y las prestaciones que reciban.

El segundo gran elemento del sistema está integrado por los distintos fondos compensadores. Su función es garantizar la solidaridad interterritorial y unas prestaciones mínimas en todo el territorio español.

De acuerdo con la propuesta, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales persigue que todas las Comunidades Autónomas presten los mismos servicios de sanidad, educación y servicios sociales. Se dota con recursos autonómicos. Se critica que no cubra todas las prestaciones de competencia autonómica, ni siquiera con el remanente que pudiera sobrar, que retorna a la Comunidad en que se hubieran originado. La falta de recursos se suplirá con transferencias estatales. Para que se puedan desarrollar el resto de competencias, se dispondrá del Fondo de Suficiencia Global, dotado con recursos del Estado según la evolución de sus ingresos tributarios.

El Fondo de Cooperación tratará de favorecer la convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos. Parece que corresponderá al Estado dotarlo de recursos.

Junto con los anteriores, aparece el Fondo de Competitividad, a cargo del Estado. Su fin es garantizar una financiación mínima per capita. Este criterio rompe un modelo que debiera determinar recursos sobre una base territorial, la Comunidad Autónoma. En realidad, ha surgido por una discusión política sobre los recursos que el Estado venía destinando a los diversos territorios. La solución es mala. El Estado debería determinar cómo quiere utilizar sus recursos propios en el ejercicio de sus atribuciones y asumir el coste político de no atender debidamente a los ciudadanos. Además, el número de ciudadanos no debe determinar las necesidades financieras sino los servicios que se decida o sea necesario prestar. Por otra parte, estas dotaciones desvirtúan los resultados derivados de utilizar distintos parámetros para distribuir los distintos fondos, donde, junto a la población, aparecen otros como la superficie, la dispersión, la insularidad, población protegida, mayores de sesenta y cinco años o entre cero y dieciocho años.

Finalmente, el Gobierno afirma que destinara recursos adicionales para hacer efectiva la Ley de Dependencia.

Debemos preguntarnos si todos estos fondos deben dotarse con aportaciones del Estado o de las propias Comunidades Autónomas. Su financiación con recursos autonómicos consolidaría una verdadera responsabilidad fiscal. Sin embargo, las autoridades autonómicas podrían percibir que el aumento de los impuestos cedidos en su territorio viera limitados sus efectos si parte de los recursos adicionales se destinan a tales fondos. Por otra parte, no queda claro cómo deberán comportarse estos fondos en el caso de que la insuficiencia de recursos que compensen sea motivada por una política tributaria a la baja de la Comunidad Autónoma. Sólo en el caso del Fondo de Competitividad se prevé el esfuerzo fiscal que se hace en cada territorio. Se fomentaría así una competencia a la baja, puesto que se exigirían menos impuestos, con menor coste político, y los fondos suplirían las deficiencias para financiar servicios.

El buen funcionamiento del sistema reclama que se limite, en porcentaje de recaudación por tributos, las dotaciones estatales y autonómicas de los fondos. Se lograría que las Comunidades Autónomas encontrasen motivación para utilizar la política tributaria para financiar sus políticas de gasto. Al mismo tiempo, debiera excluirse del límite el Fondo de Cooperación, para que la política de cohesión sea efectiva y los niveles territoriales de renta no determinen la prestación de servicios por debajo de unos mínimos de calidad.

Juan López Rodríguez

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